Unas 600.000 personas, se estima, utilizan el servicio público de transporte en Tucumán. La tercera parte de la población. Lo usa para sus actividades cotidianas: trabajo, estudio, esparcimiento, como elemento central del movimiento para sus necesidades personales y sociales. A través de este servicio se conectan los diferentes elementos de la comunidad. Eso, como señala un lector, da lugar a mayor desarrollo comercial, cultural y económico.

Todo se ha visto sustancialmente afectado por la acentuada degradación que ha tenido el servicio en los últimos años, hasta llegar a esta etapa de crisis terminal en la que se dan manotazos de ahogado para tratar de evitar las medidas extremas, como los paros, para las cuales apenas hay salidas coyunturales y ninguna mirada hacia una salida eficiente. “Hay un grave error de diagnóstico sobre la problemática. Se marca que el problema es el sistema de transporte público, pero no es ese; el problema es el financiamiento”, dijo un empresario. En efecto, el financiamiento –o su falta, o su insuficiencia- es lo que mes a mes agrava la prestación de los servicios. Los empleados exponen sobre los salarios deteriorados constantemente en una economía dislocada por la escalada inflacionaria: los empresarios reclaman, por su parte, por las subas de costos –combustible, insumos, cubiertas, mantenimiento de los colectivos-, limitaciones para los aumentos de tarifas y atrasos injustificados en la entrega de subsidios por parte de la Nación. En las consultas realizadas a los candidatos a gobernar la Municipalidad capitalina, la mayoría coincidió en la necesidad de mejorar la calidad y la eficiencia del servicio, pero sus observaciones fueron cuestionadas por el empresario, que dijo que no llegaron al fondo del asunto, que es cómo se va a pagar el costo del servicio. Agregó que sin aumentar la tarifa, ni los subsidios, no se puede esperar una mejora. “Si nadie quiere pagar este sistema, ¿cómo funciona?” En su momento las líneas que circulan por la capital dependían de subsidios nacionales y de una regulación de la Municipalidad sobre las concesiones. Hoy esas concesiones están prácticamente vencidas y prorrogadas, y el financiamiento del servicio depende casi exclusivamente de las ayudas que provienen de los subsidios de la Nación y, en menor medida, de la provincia. Apenas se tiene lucidez para señalar que la Nación discrimina entre los subsidios para CABA y AMBA y los que da al interior del país.

Si no se debate a nivel federal, un empresario ha planteado que la solución debe ser debatida en la provincia. Pero nadie salió a contestarle, probablemente porque el tiempo electoral apenas ha servido para que se lleve a cabo una discusión superficial sobre los temas que preocupan a la comunidad, sin que se profundice en una mirada tendiente a buscar la salida. Y esa es necesaria con cada vez mayor urgencia, en vista de las situaciones críticas que se suceden mes a mes. En este sentido, vale la crítica del empresario: “los políticos decidieron que el transporte público no está en su lista de prioridades”.